Desde el inicio de este informe sobre la situación de las experiencias y los análisis sobre el Tercer Sector de la Comunicación, hemos debido enmarcar estas prácticas en la excepcionalidad de una pandemia y sus sucesivas oleadas, una recesión y una guerra.
Contextos que además marcan y profundizan algunas de las dolencias más vergonzosas del ámbito de la información y la comunicación, como las fake news, el microtarggeting y la microburbuja algorítmica o la dependencia digital de las democracias occidentales. Y mientras esto sucede, o pese a ello, este año 2022 se ha consolidado la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que sustituye a la de 2010 y que acoge las Directivas europeas a las que tenía que incorporarse el Estado español.
En el ámbito del Tercer Sector, la ley falla de nuevo en la medida en que no ofrece mecanismos estables de financiación que permitan soñar con la creación de nuevos medios participativos y ciudadanos, o dar sostenibilidad a los existentes. No obstante, la norma sí recoge la inquietud de muchos medios que han sufrido la precariedad y la persecución y aun así han seguido adelante en su labor social, y plantea una modalidad de concesión de licencias sin necesidad de concurso, acreditando un recorrido previo. También la norma dirime las posibilidades de los medios del tercer sector para incluir anuncios institucionales y publicidad de empresas locales, una faceta de la financiación que cada iniciativa deberá valorar. La ley incluye también un artículo sobre alfabetización mediática, que problematiza, pero no regula, aunque parece alinear esta necesidad de la ciudadanía con la experiencia de los medios comunitarios.
En definitiva, a todos los medios que atienden la demanda de contenidos locales y de proximidad, de titularidad comunitaria, sin ánimo de lucro y que defienden la diversidad de sus ciudadanos, les toca decidir cómo van contribuir a seguir abriendo esas grietas en el ecosistema mediático, privatista y capitalizado, por las que caben la democracia y la dignidad de las personas También fuera de nuestras fronteras, en el ámbito iberoamericano se han reformado o creado algunos marcos legislativos favorables al mejor acceso de los medios comunitarios. En los países pioneros de las leyes de tercios, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, se han dado pasos para el reparto equitativo de frecuencias y de fuentes de financiación para los tres sectores. Sin embargo, ha sido un annus horribilis en materia de derechos humanos, con 37 comunicadores/as asesinados (hasta noviembre) y demostraciones de desprecio a los organismos encargados de protegerlos, como el hecho de que Guatemala aún no haya adoptado medidas para restaurar el derecho de las emisoras comunitarias indígenas vulneradas, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021. Este informe profundiza en estos aspectos, en casos concretos de medios del tercer sector y en la investigación académica sobre esta área, imprescindible para seguir afirmando el derecho a la comunicación y a la información.
Esperamos que se sitúa como un punto de encuentro para el debate y la construcción de alianzas en favor de la independencia mediática y la justicia ecosocial. Si el año pasado pedíamos “no bajar la guardia”, este año invitamos a repensar el sector y a unir fuerzas para seguir reclamando reformas mediáticas de mayor calado.
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